viernes, 14 de julio de 2017

Brindis al sol de Sánchez e Iceta




Las reformas legislativas que Pedro Sánchez y Miquel Iceta han puesto sobre la exigente mesa de los partidos catalanes que amenazan el actual marco constitucional, requieren una modificación de la Carta Magna imposible de abordar en esta XII Legislatura, en la que -conviene recordar, una vez más- el Partido Popular cuenta con una sólida mayoría absoluta en el Senado, cámara imprescindible para cualquier reforma.


Incluso si con sus promesas, el secretario general del PSOE lograra el apoyo que no atrevió a proponer a la militancia socialista el verano pasado y sacará adelante una Moción de Censura que le sentara en La Moncloa, mantenerse exigiría pronunciamientos de futuro que afectan a la propia razón de ser del PSOE. Para poder cumplirlas, Pedro Sánchez debería disolver Las Cortes y, superado el debate interno, lograr de los españoles una mayoría de Gobierno para un PSOE cuyo programa electoral incluiría  satisfacer los deseos nacionales de aquellos que no forman, ni han formado nunca, su sustento electoral. Una mayoría que en el relato político del renacido Sánchez se entiende necesariamente compartida con Podemos y los soberanistas, pues del discurso emanado del 39 Congreso, la actual dirección socialista parece haber dado por perdida la capacidad del PSOE para obtener del voto de los españoles la confianza para formar Gobierno en solitario.

La ambición de ocupar La Moncloa supera a la de dotar al país de una estructura legislativa que rescate, blinde y aumente derechos y libertades. La iniciativa de Sánchez e Iceta condiciona el secular objetivo del PSOE a que las ambiciones de sólo una parte de la sociedad catalana se conviertan en realidad. Romper con décadas de compromiso y solidaridad entre Comunidades Autónomas y cohesión interterritorial, y con la rioridad de los socialistas de buscar el bienestar de los españoles. De todos los españoles, residan en donde residan.



Avanzar hacia la "plurinacionalidad" del Estado como propuesta en 140 caracteres bordados en la era de la posverdad, está bien para crear un personaje y ganar primarias, pero, en tanto se establezca el 'decreto tweet', modificar la Constitución sigue siendo algo que implica a mucha más gente que a la que necesitas agradar para ser investido Presidente. 



Aún en el muy peregrino caso de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias -que ya presume sin disimulo alguno de podemizar el PSOE- lograran hacer del espacio que creen disputarse una mayoría más fuerte de la que, al otro lado, conformen PP (con sus propias confluencias UPN y Foro Asturias), Ciudadanos y Coalición Canaria, modificar la Constitución seguirá requiriendo una mayoría cualificada de tres quintos del Congreso de los Diputados (210 votos a favor). Es decir, el resultado electoral que hiciera posible que el PSOE cumpliera sus compromisos con los secesionistas catalanes tendría que relegar a la derecha a compartir 140 o menos escaños en la Cámara Baja (recordemos que el PP tiene hoy, en horas bajas, 137 diputados). Cualquier decisión de los españoles que no diera ese reparto en el poder legislativo haría imposible cumplir con los sueños más básicos de los independentistas catalanes que alteren el articulado de la Constitución.



No es necesaria una ducha de realidad para poder concluir que los españoles no estarán por aupar a La Moncloa a quien someta sus necesidades y ambiciones a un permanente y chantajista quid pro quo, en el que los derechos, libertades y prestaciones públicas de más de 40 millones de ciudadanos dependan de cesiones a los -aún- escasos 3 millones que dicen soñar sólo en catalán. 



Es posible que algún día la realidad del ímpetu secesionista suponga una mayoría que nos obligue a todos a reflexionar. Lo cierto es que ese día no ha llegado y el PSOE no debe ser, por tanto, el abanderado de la pulsión soberanista.

martes, 11 de julio de 2017

Veinte años del Espíritu de Ermua

Editorial publicado en El Obrero

La muerte de Miguel Ángel Blanco hace veinte años fue la última demostración de que no cabían más equidistancias ante la barbarie terrorista. Todos los españoles mayores de treinta años recordamos las 48 desgarradoras horas que la banda asesina ETA nos obligó a vivir antes de acabar con la vida del joven concejal de Ermua. Los terroristas llevaban ya más de tres décadas robando la vida a sus inocentes víctimas, pero tuvo que suceder el horror de aquella muerte anunciada para que, por fin, la unidad de todos los españoles frente a la violencia quebrara el entorno etarra y la propia integridad de la banda. Las enormes, casi unánimes, movilizaciones ciudadanas para defender la vida del joven Miguel Ángel, primero, y para condenar su muerte, solo unas horas después, supusieron un antes y un después en la lucha contra ETA, y, posiblemente, aquel funesto fin de semana la organización asesina firmó el fin de una historia que se definió liberadora en su origen y solo dejó dolor y muerte.

Aquel punto de inflexión se conoció como el Espíritu de Ermua, y vigente veinte años después, sigue siendo el gran legado político de aquel joven que tuvo el valor de ser concejal de un partido nacional en años de plomo. Los homenajes que se le dispensan estos días en toda España están por ello más que justificados. Para su desgracia y la de su familia, en Miguel Ángel Blanco se concentra todo el sufrimiento causado por la violencia etarra a todas las víctimas, y hay algo mezquino en no reconocer este extremo con la excusa de no querer personalizar el consenso frente al terror en una sola.

Mezquindad que no está reñida con la permanente utilización abusiva de las víctimas perpetrada, desde los años noventa, por el Partido Popular. Aún causa vergüenza recordar el uso torticero y partidista que los populares hicieron del homenaje que se le rindió entonces a Blanco en la Plaza de Toros de Madrid. Y mejor no recordar la gestión de Aznar en sus últimos días antes de las elecciones del año 2004. El PP sigue sin reconocer que muchas veces fue más un obstáculo que un aliado en la lucha antiterrorista, y bien lo saben el ex Lehendakari Patxi López y el Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que sufrieron una enorme soledad cuando desde sus respectivos gobiernos socialistas se incrementaba la lucha contra ETA, se acorralaba a la banda, y se propiciaba el añorado fin de la violencia.

España vive hoy sin el miedo a ETA, y todos y cada uno de los españoles somos partícipes de aquella derrota. Es necesario reconocer los hitos que la hicieron posible. A Miguel Ángel le seguiremos llorando siempre. El Espíritu de Ermua y la unidad inequívoca frente a la violencia terrorista, es, como apuntábamos antes, el gran legado político del joven concejal vasco. Eso siempre habrá que celebrarlo, como entonces, desde la unidad de todas las fuerzas políticas. Porque esa unidad es el mejor homenaje a todas las víctimas del terrorismo.

lunes, 3 de julio de 2017

Irresponsable ‘insumisión’ de Puigdemont

Editorial publicado en El Obrero

¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Govern presidido por Carles Puigdemont? El Molt Honorable President de la Generalitat se ha declarado reiteradamente, la última vez este mismo lunes, como insumiso a la legislación vigente, y afirmado que no reconocerá decisiones del Tribunal Constitucional que exijan, como es su cometido, que el marco legal de todos los territorios del Estado Español  cumpla con lo dispuesto en la Carta Magna. Puigdemont ha llegado a asegurar que, en el caso de que fuera inhabilitado, ignoraría la sentencia y acudiría al día siguiente a su despacho oficial para seguir dirigiendo el Govern.

Lo cierto es que el calendario avanza inexorable hacia el 1 de octubre, fecha prevista para un referéndum a todas luces ilegal, que los socios del ejecutivo catalán, como también este lunes ha recordado Oriol Junqueras, describen como “vinculante” y la puerta a la proclamación de la República Catalana. A este respecto es importante recordar que la consulta del 9N acabó provocando la convocatoria de nuevas elecciones, a la que se quiso vestir de carácter constituyente, pero que se saldó, si esa era la intención, con un sonoro fracaso, pues los partidos independentistas, a pesar de lograr la mayoría de escaños en el Parlament, no lograron que los votos avalaran realmente sus postulados.

En este contexto, insistir en dividir a la sociedad solo puede responder a la irresponsabilidad. La propia Constitución Española establece mecanismos para, incluso, darle la vuelta en su totalidad a cada uno de sus artículos. Es cierto que no parece fácil, en su articulado, conseguirlo. Pero ello es así porque exige mayorías lo suficientemente cualificadas para que los cambios introducidos respondan con claridad a un deseo común de la ciudadanía.

Avanzar hacia el Estado Federal, como ha venido defendiendo el Partido Socialista a lo largo de su historia, reconociendo a través de  las singularidades históricas y culturales un marco de gestión y legislativo a los territorios que conforman el Estado Español, comienza a ser una necesidad. Pero el contexto de enfrentamiento, en el que tan cómodos parecen sentirse tanto el Gobierno del Partido Popular como el presidido por Puigdemont, solo abunda en la división de la ciudadanía. Por más que así se pretenda transmitir, no se ha logrado, al menos aún, siquiera en Cataluña, trasladar al imaginario común un marco que supere la unidad del Estado Español que defiende la Constitución, basado en los necesarios principios de Igualdad jurídica para todos los españoles en cada uno de sus territorios y la solidaridad interterritorial a través de un sistema fiscal que la garantice.

Avocar a la ciudadanía catalana a un pròcess que nace fallido por definición, alimentará la frustración de quienes piden, sin poner en duda la legitimidad de hacerlo, más pasos en el reconocimiento de una identidad que no tiene por qué estar reñida con la idea un Estado Español diverso y solidario. También el temor de quienes ven que el forzado choque de trenes crea un falso retrato de un Estado roto o que no reconoce derechos elementales.


La huída hacia delante de Puigdemont y sus socios lleva camino de acabar, de nuevo, en sentencias judiciales. No es el camino.