sábado, 23 de septiembre de 2017

CATALUÑA: SEPAMOS HACERLO

Editorial publicado en El Obrero.

El referéndum vinculante que Junts pel Sí prometió a los catalanes no se va a celebrar el próximo 1 de octubre. 

El propio Govern ha pedido este viernes a la Sindicatura Electoral de Cataluña, creada por el Parlament para ejercer de junta electoral para el referéndum, que se disuelva y ceda sus funciones a entes públicos, académicos e internacionales observadores del 1-O, sin especificar. Su supone que dichos "entes" habrían de suplir a los designados por el Parlament. No hay gobierno ni autoridad en el mundo que reconozca un referéndum cuya organización y supervisión resida en los observadores. Estos están para velar, cuando procede, por la limpieza de a quienes se pretende que sustituyan en sus tareas. Un delirio a todas luces alegal y de cuestionable encaje democrático.

A pesar de que las denominadas leyes de desconexión decían no reconocer al Tribunal Constitucional capacidad para anular una decisión tomada por el Parlament, lo cierto es que ayer abdicaron ante la autoridad del máximo intérprete de la Constitución Española. Los síndicos presentaron su renuncia ante el TC. El referéndum del 1 de octubre está ya, de facto, desactivado.

Pero, por algún extraño motivo, el President Pugdemont, su aliado y guía Oriol Junqueras y la presidenta Forcadell, han decidido no trasmitir a los catalanes esta realidad. Sin colegios electorales asignados a un censo inexistente, sin papeletas oficiales, sin urnas y sin organismo que vise, certifique y proclame el resultado, pase lo que pase el 1 de Octubre, no será un referéndum vinculante. 

La Generalitat y el Parlament ya no dispondrán siquiera de "apariencia de legalidad", y sería ridícula la proclamación de una república independiente con esos mimbres.

Es una irresponsabilidad del Govern aferrarse a las ilusiones de un pueblo que solo pueden acabar en frustración. Como lo es seguir alimentando el temor de quienes sufren, dentro y fuera de Cataluña, la alta tensión institucional y popular que el procés provoca.

Es momento de que las autoridad catalanas digan la verdad. No habrá independencia en 2017. Mantener el desafío sólo lleva a una escalada de medidas legislativas, judiciales y de orden público que, aún dentro de los estrictos margen de la ley, es cierto que soliviantan a los que están a favor y en contra del derecho a decidir.

Ello no obsta que en Cataluña hay una realidad social que no puede seguir siendo ignorada. Del mismo modo que la actual mayoría parlamentaria en la fortaleza de la Ciudadela está obligada a asumir que esta vez tampoco habrá independencia, el Gobierno y Las Cortes Generales lo están a que hay millones de españoles que están pidiendo a gritos una revisión del modelo territorial de nuestro país, y, sobre todo, del encaje de Cataluña en el Estado español. 

La Comisión propuesta por el PSOE, aprobada esta semana por la Junta de Portavoces del Congreso, debe ser un ágora de escucha sincera, entendimiento y decisión responsable. No debe poner límite alguno a los temas a tratar, ni siquiera una reforma de la Carta Magna que contemple el referéndum. Todos los partidos están obligados a acudir a la cita dispuestos a dar una respuesta a la ciudadanía. Sin estrategias de corte electoral y sin caer en la vanidosa tentación de buscar la gloria del salvador. 

Ni Cataluña ni España resisten alargar esta agonía en un callejón sin salida para unos y otros. Sepamos hacerlo.

jueves, 21 de septiembre de 2017

Primarias PSM. De 'familias', debates y segunda vuelta


¿Habrá segunda vuelta en las primarias de los socialistas madrileños? 

Es la gran incógnita de los previos al 13 Congreso Ordinario del PSOE-M. Los pactos que se siguen tejiendo entre bambalinas e indiscretos grupos de WhatsApp, aventuran ya puestos de salida en las próximas listas electorales -que no serán pocas-, y ponen alegremente nombre y apellidos a parlamentarios, concejales y toda una corte de asesores (que la oposición tiene sus limitaciones) con sueldo público. La obra de ampliación de la mesa camilla, para favorecer el feliz reencuentro de todos los próceres aúlicos del socialismo madrileño que han prometido su propio 30 % de votos a José Manuel Franco, que de eso va la cosa, pasará a la historia de la carpintería. 

Las familias de ayer -de hoy y de siempre- se han conjurado tras proclamarse al alimón apóstoles del nuevo PSOE de Pedro Sánchez. No creen que haya vida institucional y orgánica propia para el PSOE de Madrid, y temen quedarse fuera del cariño federal. El armisticio madrileño tras el dramático 39 Congreso, está forjado por dizque tan poderosos patriarcas, que si sumaran todos los 30 % que cada uno ellos presume atesorar ("mis militantes hacen lo que yo les diga") el equipo de Franco ganaría las primarias con un 290 % de la militancia, que habrá consumido interminables colas para votar en una única y clarificadora primera vuelta.



A ello parece responder la negativa de José Manuel Franco, avalada por la dirección de Sara Hernández (el más reciente 30 % atraído por el candidato del aparato federal), a celebrar debates que respondan realmente al objetivo de los mismos. Microcoferencias encorsetadas de minutaje limitado sobre modelo de partido, sanidad y promesas no hacen un debate. Es un engaño llamarlas así. Un debate que se precie tiene que ser abierto, de asistencia libre para las bases, en un aforo que permita acoger al mayor número de militantes y medios de comunicación. La sede de Ferraz dispone de ese espacio y estoy seguro de que la dirección federal no pondrá objeciones. 

En un debate de 2017, además, se debe permitir confrontar ideas, permitir a los candidatos interpelarse y cuestionarse. Permitir  a los asistentes, militancia y prensa, lanzar pregunta a los candidatos para poder valorar sus respuestas, su defensa del proyecto socialista y su capacidad de liderazgo. Hay que verlos bregarse fuera del despacho.

Empero, el único formato que, de momento, ha aceptado José Manuel Franco, exige que el debate se realice en la minúscula sede de la calle Buen Suceso, limitando el acceso a una treintena de militantes (diez "seleccionados" por cada candidatura), con seguimiento vía plasma en sala contigua, y sin interacción entre los contendientes. Se da por seguro que Franco no aceptará, tampoco, el ya tradicional debate de primarias de Ser Madrid.

Y es que... con tanto 30 %, ¿merece la pena arriesgar una segunda vuelta?

miércoles, 20 de septiembre de 2017

No se entiende

Publicado en Irispress Magazine.


El PSOE se equivocó ayer al facilitar el rechazo del Congreso a la PNL-trampa de Ciudadanos. Albert Rivera marcó otro gol por la escuadra de los socialistas mientras Pablo Iglesias mantenía distraído al portero. Fue el propio Pedro Sánchez quien ordenó frenar la iniciativa de Ciudadanos y obligó a modificar el acuerdo del Grupo Parlamentario Socialista, que se debatía entre apoyar la iniciativa y la abstención.

Los diputados del PSOE sabían del carácter de encerrona del texto que los naranjas sometían a votación de La Cámara, pero habían optado por no impedir su aprobación. Dando un voto positivo o absteniéndose. Pero evitando que en el Congreso se impusiera el voto mayoritario de quienes no están defendiendo con claridad el cumplimiento de la Ley de Leyes del Estado.

Al fin y al cabo, eso es lo que pedía y no logró ayer Ciudadanos. Expresar el apoyo del Legislativo al Gobierno, al Tribunal Constitucional, al Ministerio Fiscal y al resto del Poder Judicial y de las autoridades públicas, "en la defensa de la legalidad democrática en Cataluña" y, en particular, "en todas aquellas medidas que sean necesarias y adoptadas de manera proporcional para impedir la organización del referéndum de secesión de Cataluña". También perseguía manifestar el respaldo a "todos los funcionarios del Estado", instar al Ejecutivo a que impida el uso de recursos públicos para la preparación y ejecución de la consulta del 1-O y reconocer a los ciudadanos catalanes que, "al margen de las ideologías, respetan la ley".

Pero la orden de Pedro Sánchez fue no apoyar ni abstenerse ante la Proposición No de Ley, como inicialmente había previsto el Grupo Parlamentario. Para poder justificar el rechazo del PSOE, Margarita Robles ordenó registrar una enmienda con tres puntos de fácil absorción por el resto de los grupos que rechazan el referéndum ilegal en Cataluña -PP, Coalición Canaria, Ciudadanos-, y una extemporánea e innecesaria petición que, a todas luces, sería rechazada por los de Albert Rivera, y a la que se agarró el PSOE para no apoyar la PNL.

A saber, modificar el texto para que en vez de responsabilizar en exclusiva al Govern de la convocatoria del 1O, estableciera  que el referédum emana de una orden expresa del Parlament, con mención explícita a la Ley 19/2017 suspendida por Tribunal Constitucional el 7 de septiembre. También incluir un llamamiento explícito a las autoridades catalanas para que regresen a la legalidad. La enmienda socialista pedía además que el Congreso expresara su "apoyo y amparo a los alcaldes y alcaldesas que defienden con firmeza la defensa de la legalidad constitucional". 

Tres sensatas aportaciones que mejoraban el texto original de Ciudadanos, que, con toda seguridad hubieran sido asumidas por el resto de grupos que la apoyaron, y que demuestran el valor añadido del liderazgo socialista de la Oposición.

La ruptura buscada vino de la mano de la última exigencia incluida en la enmienda ordenada por Pedro Sánchez. Que el texto instara a los "representantes de la pluralidad y la diversidad de la sociedad catalana" (sic), a buscar "una salida pactada y legal" que permita "desterrar la división y reforzar la convivencia de todas las sensibilidades de nuestro país". No hace falta ser un lince político para prever que Ciudadanos, promotor de la PNL, rechazaría de plano esa propuesta, pues está en su discurso que no hay nada que dialogar con quien no cumple las leyes. La falta de acuerdo estaba servida, y en ella sustentó el PSOE la orden de dejar caer la iniciativa parlamentaria.

Ayer mismo la Junta de Portavoces había aprobado llevar al Pleno del Congreso la constitución de la mesa de diálogo de Pedro Sánchez. La piedra angular de su política frente al desafío secesionista, recibió el apoyo de todos los grupos menos ERC y Ciudadanos. A efectos prácticos, la comisión sobre el modelo territorial de Sánchez verá la luz en breve con el apoyo de más de 300 diputados. Era innecesario quebrar la ciertamente oportunista PNL de los de Albert Rivera para exigir algo que, en términos parlamentarios, ya se había conseguido.
En su estrategia de acercamiento a los votantes de Podemos, la dirección federal del PSOE ha optado por no salir en una misma foto con PP y Ciudadanos si no posa en ella Pablo Iglesias. Argumentado que no se puede excluir a los morados del bloque constitucionalista en un momento de crisis institucional como la que se vive en nuestro país. La realidad es que es el propio Pablo Iglesias, que disputa -dentro y fuera del Congreso- el liderazgo de la Oposición al PSOE, el que rechaza unirse a los piden frenar la peligrosa deriva de las instituciones catalanas que promueven leyes fuera de la Constitución,  y violentan la convivencia entre ciudadanos.

Con la abstención, el PSOE no habría aparecido cercano al Gobierno, como tanto teme Pedro Sánchez. Pero al menos hubiese evitado que el Congreso de los Diputados rechazara, por primera vez, una iniciativa que, en resumen, lo que pide es una expresión de apoyo de Las Cortes Generales al cumplimiento de la legalidad.

No se entiende.



PD.- Es cierto que causa estupor ver a los cuerpos de seguridad del Estado entrar en organismos públicos y sedes de partidos políticos, pero más lo causa verlos salir con evidencias ciertas de la comisión de graves delitos. En situaciones así, la rotundidad del apoyo sin fisuras de un partido como el PSOE a la actuación de jueces, fiscales y policías, no debería estar en cuestión.