165.860 madrileños y madrileñas. Son los que el pasado domingo dieron un rotundo NO a las intenciones de Esperanza Aguirre de poner a la venta la conocida como “joya de la corona” de las empresas públicas madrileñas: el Canal de Isabel II.
La lógica de la derecha es de enorme simpleza y graves consecuencias. Se trata, una vez más, de privatizar las ganancias de todos los ciudadanos y socializar las pérdidas. La administración pública, desde el prisma neocon, no debe obtener beneficios que podría generar la empresa privada. Cuando se trata de las pérdidas de los bancos, por poner un ejemplo, todos hemos podido ver cómo los mismos que piden más empresa y menos Estado no dudan en mirar a nuestro dinero para salir de su crisis, so amenaza de llevarnos a todos por delante, como, al fin y al cabo, han hecho, a pesar de nuestra generosidad.
Sin embargo, ante el miedo de admitir una verdad tan incontestable, el gobierno de Aguirre pretende hacernos creer que los ingresos obtenidos por venta de la mitad del Canal de Isabel II servirán para aumentar la inversión pública y dar un paso adelante para salir de la crisis, su crisis, que Madrid sufre de manera copiosa por su mala gestión.
El planteamiento es sencillamente estúpido. El Canal es de las pocas empresas públicas que, a pesar de la incapacidad del gobierno popular de Madrid, genera beneficios estables cada año que repercuten a favor de cada uno de nosotros. Su venta supondrá unos ingresos que, por muy cuantiosos que puedan llegar ser, dejarán de entrar en las arcas públicas para pasar directamente a manos de unos pocos, que se harán con su propiedad y, además, en tanto que propietarios, no tardarán en disponer las condiciones en las que los madrileños podremos acceder al agua, un bien natural que a todos nos pertenece. Es decir, Esperanza Aguirre expropiará nuestra agua para venderla al mejor postor.
La iniciativa que diversos colectivos llevaron a cabo el pasado domingo demostró que los ciudadanos de Madrid no quieren que nos quiten la propiedad del agua para ponerla en manos privadas. Un 98 % de quienes participaron en la consulta dijeron NO a la iniciativa.
Esperanza Aguirre no puede hacer oídos sordos a los ciudadanos a los que dice representar. Por eso me sumo a quienes piden a la lideresa que convoque un referéndum de carácter vinculante en el que la expropiación de tan importante bien común sea decidida por todos los madrileños.
No quiero que Esperanza Aguirre y sus amigos se beban mi agua, nuestra agua.
