El ´secuestro legal´ de Alfon es un escándalo social y político. Pero mientras los grandes medios de comunicación y el principal partido de la oposición guarden silencio, el Gobierno podrá seguir en su estrategia de ´batasunización´ de quienes han decidido plantar cara en las calles al derrocamiento del Estado del Bienestar. Es necesario que el caso de Alfon se instale en el debate político nacional e internacional. Y muy necesario que lo haga de la mano del PSOE.
El joven de 21 años se encuentra encarcelado sin que se haya demostrado la comisión de ningún delito. Pero es que, aunque así fuera, por sus circunstancias personales, sin antecedentes penales, con trabajo estable y arraigo social y familiar, debería estar, en todo caso, en libertad condicional, con los controles periódicos que el juzgado hubiese considerado necesario, y pendiente de juicio.
Ayer mismo, un amigo agente de la Policía Nacional se sonreía comentando conmigo el caso de Alfon. Me decía: “¿Tú sabes cuántas veces requisamos armas a detenidos en plena comisión de un delito y con un amplio historial delictivo, y cuando los llevamos al Juzgado salen en cuestión de horas? Acusados y pendientes de juicio, pero libres”.
Los pequeños detalles de esta historia te ponen (a mí, al menos) los pelos de punta. Alfon se encuentra en un régimen carcelario propio de los más sanguinarios presos por terrorismo o de capos de grandes cárteles de la droga.
Tiene restringidas las comunicaciones. Se le ha trasladado de módulo, alejándolo de otros presos de su misma edad y ubicándolo con otros que se la doblan y que cumplen largas condenas por graves delitos. Hasta se le ha negado el derecho a disponer de los libros de temas políticos (sí, de izquierdas; incluso radicalmente de izquierdas) a cuya lectura Alfon es muy aficionado. ¿En el nuevo régimenneocon del Partido Popular decide el Gobierno qué libros pueden leer los internos en las prisiones españolas?
El ‘secuestro legal’ de Alfon es un escándalo social y político. Pero mientras los grandes medios de comunicación y el principal partido de la oposición guarden silencio, el Gobierno podrá seguir en su estrategia de batasunización de quienes han decidido plantar cara en las calles al derrocamiento del Estado del Bienestar.
Y podrá seguir amedrentando a los ciudadanos. Porque el silencio -que no pocos consideran cómplice- no evita que los hechos sean de dominio público, sobre todo en la era de las redes sociales. Una situación ideal que viene al Gobierno como anillo al dedo. Podrá exhibir con una mano que sus desmanes sólo son contestados por una minoría radical e ideológicamente bien localizada, y cerrar la otra alrededor del cuello del Estado de Derecho, advirtiendo así a miles de personas de qué les puede ocurrir si persisten en su actitud de protesta y defensa de los derechos que el PP se ha propuesto arrebatarles.
Ya no basta con firmar un manifiesto casi a escondidas y luego negarse a salir en una foto junto a otros diputados elegidos democráticamente, por no se sabe bien qué prurito deslegitimador impropio de un partido de izquierdas que, con actos como ese, no hace más que mostrarse temeroso ante la derecha más reaccionaria que España pueda recordar desde la muerte del dictador Franco.
Hay que subir a los estrados del Congreso, del Senado, y del Parlamento Europeo y condenar el estado policial del Partido Popular. Comprometerse con reformas legales que defiendan a los ciudadanos ante los abusos de personas como Cristina Cifuentes e Ignacio Cosidó. Con la defensa de las personas injusta (y, con mucha seguridad, ilegalmente) perseguidas, detenidas, sancionadas y hasta encarceladas, como el joven Alfon.
Si me apuran, incluso hay que adquirir el compromiso público de que el Estado pedirá perdón a estas personas cuando el PSOE vuelva a gobernar, resarciéndoles legal y socialmente, y devolviendo el dinero que les haya sido incautado en las sanciones impuestas, o gastado en la defensa de sus derechos conculcados. También hay que garantizar que se devolverá a los españoles el Estado de Derecho que hoy, con el silencio o la queja sotto voce del principal partido de la Oposición (y los grandes medios de comunicación), está en peligro.
Como socialista que soy, pido al PSOE que eleve la voz sobre este caso. Que presione para que Alfon salga de la cárcel y sea tratado con todas las garantías procesales para él y para el resto de la Ciudadanía.
Si es culpable, que la Justicia lo dicte. Si es inocente, también. Pero que cese la tortura.
El joven de 21 años se encuentra encarcelado sin que se haya demostrado la comisión de ningún delito. Pero es que, aunque así fuera, por sus circunstancias personales, sin antecedentes penales, con trabajo estable y arraigo social y familiar, debería estar, en todo caso, en libertad condicional, con los controles periódicos que el juzgado hubiese considerado necesario, y pendiente de juicio.
Ayer mismo, un amigo agente de la Policía Nacional se sonreía comentando conmigo el caso de Alfon. Me decía: “¿Tú sabes cuántas veces requisamos armas a detenidos en plena comisión de un delito y con un amplio historial delictivo, y cuando los llevamos al Juzgado salen en cuestión de horas? Acusados y pendientes de juicio, pero libres”.
Los pequeños detalles de esta historia te ponen (a mí, al menos) los pelos de punta. Alfon se encuentra en un régimen carcelario propio de los más sanguinarios presos por terrorismo o de capos de grandes cárteles de la droga.
Tiene restringidas las comunicaciones. Se le ha trasladado de módulo, alejándolo de otros presos de su misma edad y ubicándolo con otros que se la doblan y que cumplen largas condenas por graves delitos. Hasta se le ha negado el derecho a disponer de los libros de temas políticos (sí, de izquierdas; incluso radicalmente de izquierdas) a cuya lectura Alfon es muy aficionado. ¿En el nuevo régimenneocon del Partido Popular decide el Gobierno qué libros pueden leer los internos en las prisiones españolas?
El ‘secuestro legal’ de Alfon es un escándalo social y político. Pero mientras los grandes medios de comunicación y el principal partido de la oposición guarden silencio, el Gobierno podrá seguir en su estrategia de batasunización de quienes han decidido plantar cara en las calles al derrocamiento del Estado del Bienestar.
Y podrá seguir amedrentando a los ciudadanos. Porque el silencio -que no pocos consideran cómplice- no evita que los hechos sean de dominio público, sobre todo en la era de las redes sociales. Una situación ideal que viene al Gobierno como anillo al dedo. Podrá exhibir con una mano que sus desmanes sólo son contestados por una minoría radical e ideológicamente bien localizada, y cerrar la otra alrededor del cuello del Estado de Derecho, advirtiendo así a miles de personas de qué les puede ocurrir si persisten en su actitud de protesta y defensa de los derechos que el PP se ha propuesto arrebatarles.
Ya no basta con firmar un manifiesto casi a escondidas y luego negarse a salir en una foto junto a otros diputados elegidos democráticamente, por no se sabe bien qué prurito deslegitimador impropio de un partido de izquierdas que, con actos como ese, no hace más que mostrarse temeroso ante la derecha más reaccionaria que España pueda recordar desde la muerte del dictador Franco.
Hay que subir a los estrados del Congreso, del Senado, y del Parlamento Europeo y condenar el estado policial del Partido Popular. Comprometerse con reformas legales que defiendan a los ciudadanos ante los abusos de personas como Cristina Cifuentes e Ignacio Cosidó. Con la defensa de las personas injusta (y, con mucha seguridad, ilegalmente) perseguidas, detenidas, sancionadas y hasta encarceladas, como el joven Alfon.
Si me apuran, incluso hay que adquirir el compromiso público de que el Estado pedirá perdón a estas personas cuando el PSOE vuelva a gobernar, resarciéndoles legal y socialmente, y devolviendo el dinero que les haya sido incautado en las sanciones impuestas, o gastado en la defensa de sus derechos conculcados. También hay que garantizar que se devolverá a los españoles el Estado de Derecho que hoy, con el silencio o la queja sotto voce del principal partido de la Oposición (y los grandes medios de comunicación), está en peligro.
Como socialista que soy, pido al PSOE que eleve la voz sobre este caso. Que presione para que Alfon salga de la cárcel y sea tratado con todas las garantías procesales para él y para el resto de la Ciudadanía.
Si es culpable, que la Justicia lo dicte. Si es inocente, también. Pero que cese la tortura.
