jueves, 31 de diciembre de 2015

Podemos en manos de Ada Colau y la abstención de Ciudadanos

Publicado en Publicoscopia

Hagamos un poco de política ficción. O no.

¿Y si el fracaso de Ciudadanos en las elecciones del 20 de diciembre fuera la clave para desalojar al Partido Popular de La Moncloa y evitar unos nuevos comicios que solo favorecerían opciones de Gobierno a PP y Podemos en detrimento, sin duda, del PSOE, pero, sobre todo, de la propia formación naranja?

Como ha quedado distribuido el arco parlamentario, los dizque “centristas” de Albert Rivera tienen en  su mano facilitar, incluso forzar, un pacto de la izquierda para una legislatura corta con toda seguridad, dada la mayoría absolutísima del PP en el Senado, pero que acarrearía la mayor crisis vivida  por este partido desde su refundación en 1986 de la mano de José Mª Aznar, situando a la fuerza naranja como principal voz de la Oposición. Frente a un PP en ruinas, un  Ciudadanos sólido protagonizaría, con “mando en plaza”, la alternativa al PSOE y Podemos al otro lado del Hemiciclo, pudiendo incluso decidir en qué momento se pone fin a la legislatura.

Al mismo tiempo, los de Albert Rivera obligarían a los de Pablo Iglesias a enfrentar sus propias contradicciones y convertir al partido circular en el único responsable de la repetición de las elecciones generales, derivada de anteponer los intereses del sector pro referéndum de la ‘caudilla’ Ada Colau a los de las castigada ciudadanía por el rodillo ‘popular’ de los últimos cuatro años.

Veamos los números. Incluso si Rajoy lograra, en segunda vuelta, sumar a su candidatura los votos a favor de Ciudadanos, Coalición Canaria y el PNV (difícil, pero no imposible), no llegaría a ser investido presidente, al contar con un máximo de 170 votos, frente a los 180 negativos de PSOE (90), Podemos (69), UP-IU (2), ERC (9), Bildu (2) y DYL (8). Hasta en el improbable caso de que los de Artur Mas decidieran sumarse, la derecha se quedaría a 2 votos de alcanzar la mayoría.

En esta tesitura, sería el segundo partido en número de escaños, ergo el PSOE, el llamado a intentar una mayoría de gobierno que, a priori, parece imposible conformar mientras Podemos y Pablo Iglesias permanezcan secuestrados por Ada Colau, la nueva monarca del nacionalismo catalán, ERC y DYL sigan instalados en la dinámica de la “desconexión” y los de Albert Rivera mantengan su apuesta de hacer centro por la derecha. Al tiempo que el propio PSOE mantenga la ‘línea roja’ de no pasar por el chantaje podemita de un referéndum de autodeterminación en Cataluña como condición para una mayoría de progreso en el Congreso.

Sin embargo, cabe una opción que se está explorando poco, aunque ya ha sido apuntada -con muy poca repercusión, por cierto- por el diputado en la Asamblea de Madrid Ignacio Aguado, que es la abstención de Ciudadanos en una votación de investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. Ante esta situación, el bloque del ‘no’ a un Ejecutivo encabezado por el todavía líder socialista podría quedar conformado por los 123 diputados del PP, los 17 de ERC y DYL y, pongamos, en el peor de los casos, por los 6 del PNV, los 2 de Bildu e incluso el único escaño de CC. En total 149 diputados frente a los 161 -mayoría simple y Gobierno en segunda vuelta- que podría obtener un acuerdo entre PSOE, Podemos e UP-IU con la abstención de Ciudadanos.

Desalojar al Partido Popular de La Moncloa estaría en manos de Podemos y su capacidad de renunciar -en aras del deseo de cambio expresado en las urnas el 20 de diciembre por los españoles - a su ‘línea roja’ pro autodeterminación, que debería quedar aparcada, aunque no necesariamente excluida de su proyecto político tras una legislatura que se antojaría corta por la capacidad de bloqueo a cualquier iniciativa legislativa de gran calado que el Partido Popular mantendría en la Cámara Alta, pero que significaría a la derecha extrema del PP como única responsable de la parálisis política del Estado, avocando a los de Rajoy y Aznar a un casi seguro proceso de guerra fratricida que hasta ahora solo se conoce en las filas de la izquierda, y dando a los Ciudadanos de Albert Rivera una -posiblemente única- segunda oportunidad de configurarse como alternativa para los electores del Partido Popular.

La abstención de Ciudadanos forzaría a Podemos a retratarse ante la sociedad española. Porque… ¿renunciarían los de Pablo Iglesias a la posibilidad de ver, por ejemplo, su famosa Ley 25 debatida en el Congreso solo para satisfacer las exigencias de Ada Colau? ¿Soportaría Podemos la responsabilidad de que el debate territorial impidiera el cambio de Gobierno que ansían mayoritariamente los españoles?

En una nueva campaña electoral derivada de su negativa a conformar una mayoría de progreso en el Congreso, la formación morada estaría obligada a explicar por qué, por ejemplo, votó el 24 de noviembre junto a la derecha contra los presupuestos de la Junta de Extremadura, lo que supone la total paralización del gobierno autonómico después de haber facilitado con sus votos la investidura del socialista Fernández Vara. O por qué, en términos similares, en Aragón, donde también apoyó la investidura del socialista Javier Lambán tras las elecciones de mayo, se ha negado a negociar cualquier tipo de acuerdo presupuestario, paralizando la política también en esta comunidad autónoma. O que en Asturias, donde los socialistas gobiernan con Izquierda Unida, Podemos se confabulara de nuevo con la derecha para bloquear los presupuestos para 2016. O que, incluso en Valencia, Podemos haya sumado sus votos contra medidas del PSOE y Compromís, su aliado electoral, en una actitud que, de momento, ya ha costado más de seis millones de euros a los contribuyentes valencianos.

Una serie de actuaciones de las que Pablo Iglesias y Podemos tendrían que responder antes de volver a pedir la confianza de sus electores por haber rechazado un acuerdo con el PSOE en nombre de la ‘línea roja’ de la autodeterminación para Cataluña impuesta por Ada Colau. Como argumentan los historiadores Justo Serna y Alejandro Lillo en un interesante análisis publicado por infoLibre, mientras Podemos se muestra, por un lado, “partidario de dialogar y pactar medidas que saquen a España del ‘inmovilismo’ y la ‘parálisis’, por otro traiciona, uno tras otro, a los gobiernos de izquierdas que no están liderados por su formación”. Aseguran Serna y Lillo, con toda razón, que si ese es el concepto de lealtad que tiene Podemos, “los votantes hemos de sentirnos estupefactos y hasta estafados o engañados. Este tacticismo y este oportunismo no son ejemplos de fair play; tampoco parecen una buena muestra de regeneración democrática o de respeto al adversario político”. Los dos historiadores denuncian en infoLibre que “con su actitud, Podemos demuestra, contrariamente a lo que afirma en sus declaraciones públicas, muy poco interés por el futuro inmediato de millones de personas, muchas de ellas en una situación desesperada tras años de gobiernos de derechas. En Podemos parecen estar supeditando sus ansias de poder y sus deseos de dañar, superar o desplazar al PSOE a la mejora de la vida del conjunto de la sociedad”.

Volviendo al argumento de este artículo, si, por el contrario, Ciudadanos obviara la abstención como posibilidad y optara por el ‘no’ a una investidura de Pedro Sánchez, la convocatoria de nuevas elecciones generales sería inevitable. Unos comicios que jugarían en contra de la formación naranja, pues lo más plausible es que estas se dirimieran entre dos posibles mayorías, la de Podemos, que podría lograr -como pretende con su estrategia actual, rayana al cinismo político- el sorpasso al PSOE, y la del Partido Popular, que lograría recuperar sin duda los votos de derechas arañados por Albert Rivera el 20 de diciembre a fin de evitar que Pablo Iglesias se siente en el despacho principal del Palacio de La Moncloa, llevando a Ciudadanos a la upedeización como consecuencia.

Seguramente, esta estrategia es la que se esconde en la declaración de Ignacio Aguado del pasado Lunes, que no pocos llegaron a creer que se trataba de una ‘inocentada’ de Ciudadanos, cuando aseguró que su partido podría plantearse la abstención en una votación de investidura del socialista Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos, si este partido diera marcha atrás en su exigencia de hacer un referéndum en Cataluña, ya que se abriría "un nuevo escenario de negociación".

Si esta es realmente la voluntad de los naranjas, la pelota del cambio está en el tejado de Podemos, aunque la decisión no parece que vaya a estar en manos de sus venerados círculos, sino de la nueva lideresa de la política española, Ada Colau. Allá ellos.


OTROSÍ DIGO.- Bien es cierto que la otra posibilidad para evitar nuevas elecciones es una abstención suicida del PSOE que favorezca un Gobierno presidido por Mariano Rajoy, lo que se traduciría, a ojos del electorado, como la deseada ‘gran coalición’ que preconiza la derecha europea y supondría, de facto, la pasokización del socialismo español. Y, francamente, no sé a ustedes, pero a mí no me apetece divagar sobre ello ni en este ni en otros artículos.

lunes, 28 de diciembre de 2015

Las ‘líneas rojas’ de Podemos

Casi con toda seguridad, el Partido Popular y su candidato, Mariano Rajoy, no lograrán una mayoría parlamentaria para formar Gobierno. En ese caso, y como segunda fuerza de la Cámara Baja, será el Partido Socialista quien deba intentar conformar una mayoría. El Comité Federal celebrado este lunes en Madrid ha establecido, en ocho puntos, las líneas fundamentales con las que, llegado el caso, pedirá su apoyo a los diputados y diputadas del Congreso.

1.    Un gran pacto por la recuperación justa, los buenos empleos, un sistema fiscal justo que luche contra el fraude y garantice la financiación de nuestro Estado del Bienestar, y la transición energética que nos permita luchar eficazmente contra el cambio climático. 

2.    Un pacto por la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

3.    Un pacto por la regeneración democrática, la mejora de la calidad institucional y la lucha contra la corrupción. 

4.    Un acuerdo nacional contra la pobreza y en defensa del Estado del Bienestar, en particular, reactivando la Ley de Dependencia y recuperando la universalidad de nuestro sistema de salud, así como crear un Ingreso Mínimo Vital para luchar contra la pobreza infantil. 

5.    Un pacto social, político e institucional contra la Violencia de Género. 

6.    La reconstrucción del Pacto de Toledo para asegurar las pensiones dignas de hoy y de mañana. 

7.    Una ponencia parlamentaria para renovar nuestra Constitución, blindando derechos sociales, regenerando nuestras instituciones y federalizando nuestro modelo territorial. 

8.    Un acuerdo para renovar el compromiso de España con la integración europea. Garantizando el cumplimiento de nuestros compromisos con Europa. Recuperando el papel constructivo que tuvo España, con gobiernos socialistas, en el proceso de integración europea, avanzando hacia una unión social, política, económica y una mejor gobernanza democrática de la zona euro.


La pregunta es… ¿rechazará Podemos apoyar -incluso mejorar- estos ocho planteamientos para forzar unas nuevas elecciones sólo porque no se incluya la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña? ¿Seguirá Pablo Iglesias jugando a la ceremonia de la confusión con propuestas demagógicas como asegurar que sus diputados renunciarán a un plan de pensiones que no existe desde 2012 mientras acusa al PSOE de “hacer teatro”? Las respuestas urgen. Hay que gobernar España.

domingo, 27 de diciembre de 2015

Alan: Cuando la vida ya no importa nada (por Carla Antonelli)

Esto podía haber sido un cuento de Navidad, dadas las fechas en las que nos encontramos, y sin embargo ha sido una pesadilla. La que ha vivido Alan, un adolescente transexual que decidió acabar con su vida en Nochebuena, la primera que celebraba su familia después de muchos años.

Alan, a diferencia de otros niños sí tuvo el apoyo de su familia en todo el proceso desde el día que manifestó su verdadero sexo sentido, pero se tropezó de bruces con la incomprensión social, el bullyng escolar y el acoso de personas que no entienden mas allá de lo que son ellos mismos. Persiguiendo y atormentando a quienes manifiestan la más mínima diferencia de una sociedad normativa que les hace cargar para el resto de la vida con una enorme estrella de David.

Tanto es el peso que a algunas personas se les hace insoportable y se plantean como vía de escape el suicidio. Porque estos son los datos: el 80% de la población LGTBI alguna vez ha sufrido acoso por el mero hecho de serlo, el 40% ha pensado alguna vez en el suicidio, el 20% alguna vez lo ha puesto en práctica y buena parte de este porcentaje lo culminan con "éxito". La victoria del odio sobre la riqueza de la diversidad que nos debería de hacer mejores en una España plural donde tendrían que caber todos. Justo las palabra del Rey Felipe VI, unas horas antes de que Alan se quitara la vida.

Con poco mas de 20 años, debido precisamente a la incomprensión social, el desarraigo familiar y demasiadas historias de dolor que como espadas atravesaban mi alma, viví un tormento que me llevó al pensamiento único del suicidio. Iba por la calle pensando “me quiero morir”. Me acostaba, levantaba y comía siempre pensando lo mismo. “Me quiero morir”. Almacenaba pastillas para cuando tuviera el arrojo suficiente de quitarme la vida, ya que no me atrevía a tirarme un balcón debido a un vértigo patológico. No deja de ser paradójico, a la vez que tragicómico. Me quiero suicidar pero no puedo porque tengo vértigo. Cuando pasaron los años siempre pensé “bendito vértigo que me impidió llevarlo a cabo”, ya que no hubiera podido vivir tantas y tantas cosas por las que la vida merece la pena ser vivida, pero que en esos momentos no alcanzas a ver, porque solo tienes en tu cabeza que la vida ya no merece la pena ser vivida.

Por eso, desde aquí y con este pequeño artículo, quiero hacer un llamamiento a todos la fuerzas políticas, sean del color que sean, y al conjunto de la sociedad, para que realicemos un enorme ejercicio de empatía hacia personas que gritan -aunque no las oigamos- que quieren respeto y tener su espacio en esta sociedad, al igual que el resto. Que integremos las diferencias en nuestros círculos de convivencia. A los partidos políticos, para que saquen adelante todas aquellas legislaciones que lo faciliten, y a las personas para su plena concienciación, ya que los unos sin los otros seguirían siendo un puzle incompleto.
Porque seguirá habiendo muchos Alan sintiendo que la vida ya no importa nada, pero sin una Navidad por medio que remueva conciencias y corazones.

Carla Antonelli / Activista Transexual. Diputada del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.

sábado, 26 de diciembre de 2015

La ‘emergencia’ del PSOE

(Publicado en rebeldía.es)


Se acusa en ocasiones al Partido Socialista Obrero Español de haber traicionado a la clase trabajadora y ser cómplice de no sé qué oscura maquinación para crear, sostener e incluso ‘poseer’ los cimientos del denominado despectivamente ‘régimen del 78’.

A la muerte de Franco, a solo 25 años del nuevo milenio, España vivía en una clara situación de subdesarrollo democrático, económico, social y sobre todo cultural dentro de una Europa de la que forma parte histórica desde los primeros tiempos. Era el resultado de treinta y nueve años de feroz dictadura impuesta a sangre y fuego y sostenida con armas y miedo. Solo la propia vida del asesino general puso fin a esos tenebrosos años de “cierta placidez”, como alevosamente los catalogó un infausto ex ministro del Interior -por supuesto- del Partido Popular y de un Gabinete presidido por José Mª Aznar.

Es cierto, quién podría negarlo, lo que aseguran dirigentes y militantes de Podemos: que la Democracia no es obra solo de los políticos, que lo es también del entusiasmo de las clases medias y trabajadoras durante todos los años pasados desde aquel noviembre de 1975 hasta el comienzo de la última,  devastadora y actual crisis económica y social.

No es cierto, empero, como argumentan torticeramente los más irresponsables e insolidarios dirigentes del Partido Popular y su caterva de tertulianos a sueldo -la claque-, que cada vez que han gobernado los socialistas España quedara “hecha unos zorros” por el despilfarro. Y no es de recibo que los que pretenden reclamarse herederos en vida de las esencias del Partido Socialista, Podemos, compren ese discurso a la vez que reclaman derechos de uso y dan por cierta semejante ignominia.

Una vez aprobada la Constitución del nuevo régimen, cimentados los pilares de sistema que devolvió a España la condición de Estado Democrático de Derecho, lo tocó al PSOE el mandato popular de construir y legislar un nuevo país y una nueva sociedad. Ocurrió, primero, entre 1982 y 1996. Catorce años esenciales para que España fuera el modelo de sociedad que históricamente se había venido fraguando en nuestro entorno, y que aquí fue frenado bruscamente por las armas en 1936. Y por ser el que los españoles decidieron hasta cuatro veces consecutivas, fue el Partido Socialista el que pilotó ese tránsito desde la España franquista a la del siglo XXI. Hasta aquellos momentos, el desaguisado estructural del país era tal, económica, social y hasta moralmente, que todo lo ocurrido en esos años, con sus luces y sus sombras, que las hubo, supone en sí mismo un capítulo completo de nuestra historia moderna. Tanto es así, que, por ejemplo, los dos millones de parados que tanto se reprochan y había al finalizar los mandatos de Felipe González hubiesen sido 10 millones -tal vez más- sin la transformación de España pilotada por el PSOE, a merced de cuyas mayorías parlamentarias se forjaron y afianzaron los pilares del nuevo Estado basado en la libertad, la democracia y la igualdad y que se metabolizaron en derechos educativos y sanitarios, sistema de pensiones, protección social, y corresponsabilidad ciudadana.

Podría haber sido otro partido, sí, pero fue el PSOE; y lo fue porque así lo decidió el pueblo español. Hasta que en las elecciones del 3 de marzo de 1996, los españoles decidieron legítima y democráticamente que el PSOE entregara el testigo del poder a la derecha representada por el Partido Popular a ver qué tal lo hacía y si era capaz de mejorarlo. Porque ciertamente, el sistema aún era muy mejorable y el socialismo empezaba a acusar síntomas de desgaste sin haber llegado, todavía, al listón de nuestros vecinos europeos.

Pero el PP desechó esta oportunidad y durante ocho años renunció a tirar del carro de la transformación. Dos largas legislaturas de mayoría parlamentaria de la derecha y gobiernos del Partido Popular sirvieron para frenar todo avance social o conquista de nuevos derechos de ciudadanía. Ocho años que el PP y sus aliados aprovecharon para tomar y gestionar, en su peculiar estilo, un auténtico Estado del Bienestar (no, el de 1982 aún no lo era) que recibía de los socialistas recién construido  y todavía en desarrollo. Aznar, sus gobierno y sus alianzas y estrategias parlamentarias optaron, a pesar de presumir de todo lo contrario, por muy poca política económica y mucha política fiscal. Se limitaron a ‘capturar’ el nuevo sistema y ponderarlo a beneficio de las élites económicas, empresariales y eclesiásticas, a las que Aznar asemejaba  hipócritamente como las grandes abandonadas y damnificadas del socialismo. Una élites que no podían quejarse del desarrollo y crecimiento logrado durante 14 años de gobiernos socialistas, pero que recibieron sin rubor alguno de Aznar el control directo o indirecto del Estado cual concesionaria transformadora de derechos en “servicios básicos” y artículos de consumo. Un modelo basado exclusivamente en la gestión y sin ambiciones para la ciudadanía.

Solo la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a poner en marcha la locomotora de la transformación social, y España recuperó el ritmo para avanzar en más y mejores derechos y servicios para las personas, para toda la sociedad. A seguir, en cierto modo, el itinerario socialista interrumpido por la democrática y destemplada irrupción de la derecha en el poder ejecutivo y  legislativo (y también judicial, en gran parte por responsabilidad del propio PSOE).

Zapatero sí optó por retomar el itinerario socialista y regresar a  un modelo de adquisición de derechos y otro tipo de comportamientos gubernamentales. Desde ordenar el regreso de las tropas de Irak en su primera semana de mandato, a subir -de verdad y sin insultar a la inteligencia de los españoles- las pensiones mínimas y el salario mínimo interprofesional. Promover y lograr el apoyo parlamentario para la Ley de Igualdad, el Matrimonio Igualitario o la Ley de Identidad de Género que abrió la puerta de la sociedad a las olvidadas y marginadas personas transexuales. Además, la Ley de Reproducción Asistida con una regulación favorable a la investigación con células madre, anatema para una Iglesia que había recuperado su mermado ascendente autoritario durante el aznarato.  Consensuar también, pues no olvidemos que Zapatero nunca gozó de las mayorías absolutas o pactos de legislaturas que sí tuvieron José Mª Aznar o el propio Felipe González, una Ley integral contra la Violencia de Género.
Durante las dos legislaturas de gobiernos de Zapatero y mayoría socialista en las Cortes, es decir, con el mandato recibido por el PSOE de llevar la iniciativa legislativa, España logró disponer de una televisión pública e independiente y financiada por el Estado, recuperó la política de ir reduciendo la financiación pública a la Iglesia y se introdujo la Educación para la Ciudadanía. Avances, todos ellos, necesarios en el modelo de sociedad que defiende el socialismo español.
Con el PSOE y con Zapatero al frente, España retornó al “buen tono” en la política exterior y a mirar con respeto a nuestros vecinos del mundo, apoyando la reforma de la ONU y promoviendo una Alianza de Civilizaciones y una Alianza contra el Hambre cuyos meros conceptos atemorizan a los grandes poderes fácticos que manifestaron su pánico en forma de burla y menosprecio. Regresó, tras el parón de los años de Aznar, al aumento sostenido del porcentaje del PIB destinado a la Ayuda al Desarrollo, siempre insuficiente,  y a la regularización de personas inmigrantes para integrarlas en el modelo de sociedad que promueven los ideales socialistas y que solo discuten los egoístas.
Una sociedad que a través de su Gobierno abordó sin subterfugios ni negadas concesiones el diálogo con ETA, y tuvo la suerte de ver el fin de su actividad armada. Que se atrevió, como algunos reclaman ahora como idea propia, a poner sobre la mesa el encaje territorial y político de las diferentes regiones de España y sobre todo, de sus diferencias históricas y culturales. Que supo así frenar el envite fuera de tono del Plan Ibarretxe, sin traumas para el nacionalismo vasco y sin alimentar disociaciones entre vascos y españoles. Que propició un valiente nuevo Estatut para Catalunya, frenado abruptamente por un recurso del Partido Popular que ninguneó el acuerdo mayoritario de los españoles expresado a través de sus Cortes y, es más, ratificado en referéndum por los propios catalanes.
Zapatero se afanó también en las asignaturas pendientes de la nueva sociedad española nacida tras el fin de la dictadura. Entendió llegado (y aviesamente retrasado por el PP) el momento de promulgar la necesaria y aún pendiente de cumplir Ley de Memoria Histórica, y hacerla visible con gestos como la devolución de los archivos de Salamanca, sin que estos hayan dejado de ser patrimonio de todos los españoles, o promover la retirada de los símbolos franquistas de nuestras calles, plazas y edificios públicos.
Y sobre todo, fueron los de Zapatero los que lideraron la aprobación de la Ley de Dependencia, el cuarto pilar del Estado del Bienestar que los anteriores gobiernos socialistas no tuvieron ocasión de establecer y apuntalar antes de perder las elecciones de 1996. Pilar que nunca fue un objetivo para la derecha, ni por ser un derecho pendiente de y para los españoles. Un derecho tan indiscutible que, incluso habiéndolo boicoteado claramente al recuperar el poder, ningún partido de la derecha osó rechazar cuando se sometió el referendo de las cámaras legislativas.
También fueron gobiernos socialistas los que no dudaron aprovechar el crecimiento económico y los años de bonanza para promover iniciativas como el injuriosamente denostado Plan E, que, con sus luces y sus (muchas) sombras, respondía al justo reparto de la riqueza común que promueven los ideales socialistas, mediante algo tan simple como destinar parte del superávit presupuestario a la contratación de personas sin empleo que pudieran así disponer de un sueldo -aunque fuera eventualmente- y poder cotizar para sus pensiones y prestaciones sociales. O destinar grandes cantidades de ese superávit para ir llenando la llamada hucha de las pensiones. Poner el dinero de todos al servicio de todos.
Quiero decir con todo lo anterior que el Partido Socialista nunca ha renunciado a sus ideales, y que lo ha demostrado de forma indiscutible dando pasos firmes y decididos a seguir transformando la nuestra en una sociedad mejor.
Además, y por más que algunos proyecten un tótum revolútum tan maniqueo como interesado, durante los años de mayorías socialistas lideradas por Zapatero, no se alcanzó el actual estado de degeneración democrática. No es que no hubiera casos de corrupción y que estos no afectaran también al PSOE. Es que la actual sensación de impunidad es fruto de la forma en que el Partido Popular convive con ellos cuando está en el poder, logrando que parezca una situación idiosincrática en nuestro país.
¿En qué ha fallado entonces el socialismo?
En primer lugar en no haber sabido retener la confianza de los españoles cuando la cosa se puso difícil, y no haber evitado que la sociedad española no discierna con claridad el modelo del PSOE frente al del Partido Popular. Que los votantes no hayan metabolizado que con mayorías socialistas se avanzaba, con más menos ritmo, hacia el modelo de Estado al que todos aspiramos. Al que, como los socialistas, aspiran las fuerzas emergentes al lado izquierdo de la ideología. El que preconizan y encomian los miembros de Podemos acusando falsamente a los socialistas de haber dejado de hacerlo.
El Partido Socialista ha estado a la altura en los momentos que forjan la historia de un país y una sociedad.
Hemos entrado en un nuevo tiempo. Un momento en que la sociedad exige nuevas y urgentes respuestas para empoderar a la ciudadanía en un sistema que se resquebraja y que pide ser reprogramado. Comenzó en 2007, y como en 1982 y otros tantos momentos históricos, encamina a la sociedad en un nuevo proceso de transformación.
Creo que los Gobiernos de Zapatero, con sus errores, y como antes lo hicieron los de Felipe González, obraron con responsabilidad en el contexto que les tocó gestionar.
Decisiones impopulares como la modificación de la Constitución, el ‘comodín’ del artículo 135, no perseguían consagrar el pago de la deuda dicho a la manera de los detractores de su nueva redacción, entre los que, por cierto, me incluyo. Más bien buscaba poder seguir aumentando dicha deuda cuando el país, sus servicios públicos y sus habitantes más lo necesitaban, y establecer la forma de poder hacerlo en un momento muy adverso.
Así, la Constitución pasaba a declarar que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y que su pago “gozará de prioridad absoluta”. Empero, también a establecer con claridad que  “los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo (y es este ‘solo’ el que presenta como perversa la reforma) podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que (…) perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado. Esta salvedad tan esencial forma parte tanto del modelo socialista como del nuevo imaginario político que promulgan los emergentes de Podemos. El gran error del PSOE fue transigir con que dicha salvedad requiera ser apreciada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados, y no contemple su aplicación por la vía del Decreto de Gobierno. Los instigadores del cambio, la troika, los dueños del Capital, ya intuían el escenario  parlamentario que se avecinaba y por la vía del chantaje del ahogo presupuestario, bien lo sabe el pueblo griego, forzaron la modificación sin que el PSOE reclamara para el poder Ejecutivo dicha posibilidad, que sí seguía consagrada, sin embargo, para aplicar una feroz política de recortes y derechos, como bien ha venido demostrando el Partido Popular estos últimos cuatro años.
Y finalmente está el otro gran error, el principal pecado del socialismo español. Del Partido Socialista Obrero Español.  No haber sabido evitar ni poner freno a un sistema de élites corruptas que sí supo infiltrarse violentamente en la política. Al contrario, y a pesar de haber protagonizado de forma sobresaliente la transformación del Estado Español en mejor, más moderno y más justo desde el fin de la dictadura hasta hoy, el Partido Socialista, sus dirigentes -con la complacencia y/o displicencia de buena parte de sus bases- cayó en la trampa de creerse propietario del sistema, y no haber procurado las herramientas necesarias para que la ciudadanía se sintiera partícipe, como era y es, de tan prodigioso proceso. Un deterioro de lo cercano que no se evitó y que el pueblo ha percibido en forma de puertas giratorias, privilegios, abusos y, sobre todo, distanciamiento de la sociedad.
Es el reto actual del PSOE. Reconocer estos grandes errores, asumirlos tan propios como los aciertos que tanto han beneficiado a la sociedad española, y decidirse de una vez a entonar el mea culpa. A hacer propósito de enmienda, y cumplir la penitencia de recuperar los valores del socialismo y con ellos  la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Es el momento de hacerlo. Los laboristas británicos están señalando el camino a seguir tras vivir el mismo proceso en sus propias filas. Si el PSOE no es capaz de emprenderlo ahora, es posible que nunca más pueda serlo. Si las élites del partido se empeñan en seguir apareciendo como una casta de poderosos en vez de como poderosos vertebradores y transformadores de la sociedad, el PSOE estará acabado.
No sus orígenes ni su historia. No los valores o las ambiciones del socialismo, el PSOE. Los españoles han estado demasiado tiempo “esperando al PSOE” desde que le dieran la espalda en 2011. Lo han hecho hasta con ansiedad. Pero el PSOE no ha sabido, todavía, volver a demostrar que está a la altura de su historia.
Si en 1977, cuando por fin regresó a la escena parlamentaria española, fue capaz de participar y propiciar el nuevo modelo de Estado Democrático y de Derecho postfranquista, como lo fue en 1982 de poner en marcha el Estado del Bienestar y hacerlo realidad, y en 2004, de reiniciar el proceso hacia más y mejores derechos y servicios, en 2015 y en un momento histórico como este tiene que volver a serlo.
La nueva izquierda, Podemos y los emergentes, como movimiento social y político, ha visto esa puerta abierta y, con toda legitimidad,  ha decidido entrar enarbolando y reivindicando como propios los valores del PSOE. Y el PSOE se percibe débil y más dispuesto a lamentarse de que otros reclamen y reivindiquen sus ‘valores de marca’ que a ser consciente del orgullo que esto supone y actuar en consecuencia.  Esa es la ‘emergencia’ del PSOE.