Recuerdo que el día que conocí a Manuela Carmena, hace ya unos años, mantuvimos una larga e interesante conversación sobre la Democracia, la separación de poderes, el Poder Judicial… Ambos compartimos que no es necesariamente malo que el poder político mantenga cierto control sobre el judicial, de la misma forma que las acciones de los políticos pueden ser enjuiciadas. Ambos compartíamos también que ese control político, en forma de designación de miembros del CGPJ o del Tribunal Supremo -por ejemplo-, requiere de un exhaustivo control para garantizar que no se produzca en base a intereses partidarios, y la necesidad de establecer exámenes parlamentarios y públicos de idoneidad de los candidatos, como mejor forma de que se cumpla esta premisa. Asimismo, que la separación de poderes no significa, de ningún modo, la anulación de unos en cuanto a la actividad de los otros.
Digo esto porque estoy harto de escuchar en las últimas
horas, especialmente -lo que es mucho más doloroso- a miembros del PSOE, que el caso de los titiriteros
encarcelados está ya en manos de la judicatura, y, que por tanto, solo procede
callar y esperar.
Yo defiendo que no es así. La actuación de Juez Moreno es
desorbitada, posiblemente inconstitucional y excede sobremanera las
atribuciones de la judicatura. Por ser juez no se tiene derecho a tomar la decisión
que se quiera. Cualquier persona que se haya preocupado de investigar un poco
en la Red estos días, puede llegar a la conclusión de que no hay elementos
probatorios que sustenten su decisión. Y es obligación de los otros poderes
manifestarlo públicamente y exigir una rectificación. El vergonzante silencio y
las cobardes declaraciones de algunos políticos en este caso para “respetar”
los procesos judiciales supone una grave irresponsabilidad y una falta de su
deber de velar por los derechos de los ciudadanos. Ha primado más el miedo a la
respuesta airada de la derechona o a desgastar la virginal imagen de los llamados
Ayuntamientos del cambio que la
realidad y gravedad de lo que sucede. Deleznables Antonio Hernando
en el Congreso y Carolina
Bescansa, abominable Albert
Rivera, tibios Pablo
Iglesias y Pedro
Sánchez Pérez-Castejón, repugnantes todos los del PP; impecables Alberto
Garzón y Ada Colau Ballano.
Muy mal Manuela
Carmena. Es, además, una muestra desmesurada de hipocresía, pues basta
tirar de hemeroteca para recordar cuántas veces no se ha dudado poner el grito
en el cielo para cuestionar una decisión judicial. ¿Se acuerdan de Bolinaga?
En este caso esperpéntico caso, hay dos personas privadas de
libertad por delitos que claramente, y no hace falta ser juez para llegar a
esta conclusión, no han cometido. Apelo a la responsabilidad de los políticos,
especialmente a los del PSOE, para
que corrijan su tibia actitud y se manifiesten con claridad por la defensa de
la Libertad de Expresión, y la liberación inmediata y sin cargos de los
titiriteros. No tiren por la borda un inmenso currículo de defensa de las
libertades cada vez que la derecha carroñera y la caverna mediática usan el
comodín de ETA, porque eso solo sirve para mermar -y lo están logrando- la
calidad de nuestra Democracia.
Nota. A esta hora (20,15 del lunes 8 de febrero), y desde la
tarde-noche del sábado, más de 14.000 personas han firmado ya para pedirlo.
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LAS PRUEBAS DEL NO-DELITO
En este fragmento en Vimeo
se ve cómo uno de los personajes de la obra 'La bruja y Don Cristóbal'
aprovecha el estado de inconsciencia del otro personaje en escena para,
aviesamente, colocarle el ya famoso cartel (pancarta, según muchas medios tan
dados a magnificar para lograr en amarillismo lo que no consiguen en calidad) y
fotografiarlo portándolo para acusarle del delito de enaltecimiento del
terrorismo. El resto, es historia ya.
