Los servicios ‘sociosanitarios’ del Grupo Eulen SA, la empresa contratada por la Junta de Andalucía para evaluar la idoneidad de las personas y parejas que solicitan dar la oportunidad a niños y niñas sin padres o abandonados de ser adoptados y formar juntos una familia, han apreciado en un pareja cordobesa del mismo sexo "una marcada tendencia a normalizar o dar naturalidad a su situación personal”. ¿Perdón? ¿Marcada tendencia? Pues claro. ¿Qué esperaban los dizque evaluadores?
Normalizar y dar naturalidad fue precisamente el derecho logrado por el colectivo LGTBI cuando se legisló el matrimonio igualitario en 2004. ¿Qué otra cosa si no? Vivir sin traumas nuestra realidad es, precisamente, el gran derecho conquistado, y ante ello no caben ningún tipo de interpretaciones 'protectoras' frente a la anormalidad –esa sí- de quien no haya entendido esto.
En su aparente ignorancia ante la realidad legal y social de nuestro país, los evaluadores de Eulen consideran que José María y José Luis no son aptos para ser padres adoptivos porque vivir con naturalidad su realidad “les lleva a negar la especial complejidad que está implícita en las familias homoparentales y a minimizar el impacto emocional que podría tener para su hijo". Y añaden que, por ello, “serían "incapaces de ayudar al niño a hacer frente a reacciones homofóbicas de terceros".
Me pregunto qué tipo de padres son los que Eulen quiere para los niños que esperan formar parte de una familia que los acoja y los quiera. ¿Padres gays reprimidos y acobardados por la opinión del facha del segundo? ¿Madres lesbianas que oculten su orientación? ¿Parejas que pidan a sus hijos que nos les miren y vean como ‘normales’?
Lo que hace la empresa Eulen es penalizar a dos ciudadanos que en el Estado español no tienen que tolerar ni aceptar que su orientación sexual o su relación sea objeto de debate. Y mucho menos que el ejemplar hecho de vivir “sin traumas su condición sexual” sea un motivo para decidir su aptitud para ser unos buenos padres.
En todo caso, lo que cabe es perseguir y penalizar las acciones homofóbicas, y contar con una administración que asuma su responsabilidad ante hechos contrarios a la Libertad y los Derechos Humanos, y no con una que te descarte como "padre" si no sabes defenderte solo ante los hechos fuera de la ley de terceras personas.
Por ello, algunos de los comentarios vertidos por la empresa Eulen en la valoración de José Mª y José Luis deberían ser considerados motivos para romper de forma inmediata y unilateral el contrato que mantiene esta empresa con la Junta de Andalucía. Son inaceptables e intolerables y se sitúan fuera de la Ley. Ninguna administración pública, y mucho menos una gobernada por el PSOE, debe destinar dinero público a poner en manos de una empresa privada cuestiones que afectan a decisiones de tal calado, sin que dicha empresa haya entendido previamente el marco social y legal que hemos creado con tanta lucha y tanto esfuerzo.
La Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía que dirige la socialista María José Sánchez Rubio debería tomar nota de ello.
