En esta absurda
batalla entre presuntos traidores y
defensores de las esencias socialistas,
vino ayer a “sentar cátedra” la magistrada (o jueza, sinceramente, nunca he
sabido bien si son la misma cosa o qué diferencia una de la otra) Margarita
Robles, quien fue “encajada”, por cierto, por decisión personal de Pedro
Sánchez y sin consulta a la militancia -que ya había designado democráticamente
a sus candidatos-, como número dos “independiente”
en la lista por Madrid del PSOE de las pasadas elecciones generales.
Robles vino a
decir que pensaba hacer caso omiso del mandato del Comité Federal que ordena al
Grupo Parlamentario abstenerse en la segunda votación de investidura de Mariano
Rajoy, porque no estaba dispuesta a “incumplir el programa electoral del PSOE”.
Repasando
dicho programa, cabe observar que el mismo es un documento que plantea, muy
detalladamente, los objetivos a desarrollar por el Partido Socialista si los
electores hubieran decidido otorgarle la mayoría para formar Gobierno. En ninguna
de sus páginas se explica qué postura debería adoptar el PSOE si no obtenía la
confianza del electorado. Y mucho menos se contemplaba ningún compromiso de no aceptar
el resultado de las elecciones. Y, aún mucho menos, bloquear la gobernabilidad
del país. Luego Margarita Robles alude a algo que el programa electoral del
PSOE no dice. Miente cuando afirma que votar no es un compromiso electoral, o miente cuando asegura conocer el
programa bajo cuyas siglas concurrió a las elecciones.
Lo cierto es
que el PSOE no ha renunciado a su programa electoral, y ayer mismo lo defendió
en el debate de investidura proponiendo al Congreso una serie de medidas que la
actual composición del Hemiciclo permite poner en práctica, si se alcanza el consenso
necesario con el resto de fuerzas políticas.
En concreto,
el portavoz socialista Antonio Hernando propuso a la Cámara las siguientes medidas,
todas ellas contempladas en el programa electoral del PSOE:
· Crear
un ingreso mínimo vital para las familias sin recursos.
·
Suprimir las reválidas e impulsar un Pacto de Estado por la Educación que
derogue la LOMCE.
·
Reconocer el derecho efectivo al subsidio por desempleo a los trabajadores
maduros con cargas familiares y a los parados de larga duración mayores de 52
años.
· Reducir
el IVA cultural.
·
Suprimir el copago farmacéutico a pensionistas y enfermos crónicos.
· Aprobar
una ley de igualdad salarial de mujeres y hombres que también reconozca a todas
las trabajadoras, en el momento de su jubilación, un bonus de dos años de
cotización por cada hijo.
·
Impulsar un gran Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
· Aprobar
un permiso de paternidad, como derecho autónomo, intransferible y de igual
duración que el de maternidad.
· Aprobar
una Ley de igualdad de trato y no discriminación y una Ley de muerte digna.
· Prohibir
los indultos para delitos relacionados con la corrupción.
· Crear
una Comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP y poner en
marcha la comisión de investigación sobre el uso partidista del Ministerio del
Interior.
· Derogar
las normas restrictivas de derechos y libertades públicas contempladas en la conocida
como Ley Mordaza.
·
Garantizar la independencia y la neutralidad de RTVE y de la Agencia EFE, y la
viabilidad y la calidad de esos servicios públicos.
·
Reformar el sistema de nombramientos para los órganos constitucionales y los
organismos reguladores, para evitar su condicionamiento por los partidos
políticos y garantizar su neutralidad.
Junto a estas iniciativas, y conforme a lo
acordado por el Comité Federal del PSOE, el portavoz anunció que el Grupo
Parlamentario Socialista promoverá e instará el inicio inmediato de una fase de
diálogo social para la aprobación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores y la
derogación de la Reforma Laboral. El portavoz socialista
concretó que ese diálogo social tiene que empezar por dos cosas: una subida del
Salario Mínimo y el reequilibrio del peso de las partes en la negociación
colectiva, absolutamente fundamental porque el PP voló por los aires la
negociación colectiva durante la Reforma Laboral.
La labor de oposición, defendió también el portavoz,
no impedirá al PSOE buscar acuerdos en las iniciativas que el Gobierno
presente, ni ofrecer consensos en políticas de Estado ni colaborar para el
mejor cumplimiento de los compromisos que el Gobierno haya asumido en nombre de
España y que vinculan a todos los españoles. Eso sí, buscando el reparto de su
coste para que no castigue a los mismos de siempre, a los perdedores de la
crisis, a los que ya han sufrido los embates de esta crisis, a las clases
medias y a los empobrecidos trabajadores.
También comprometió el empeño de los
diputados y diputadas socialistas, prioritariamente, en tres objetivos.
El primero, revitalizar el Pacto de Toledo
para asegurar tanto la estabilidad financiera del Sistema de Seguridad Social,
como para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en unos años en los que
hay un crecimiento efectivo, mediante un sistema de reparto y solidaridad y,
por lo tanto, mediante un sistema de transferencia de rentas entre
generaciones.
Segundo, la creación de una subcomisión
parlamentaria para afrontar los serios desafíos presentes en la vertebración
territorial de España, en particular con el objetivo de recuperar la normalidad
institucional con Cataluña. El Grupo Parlamentario apostará, ante la gravedad
de la situación actual, por construir en el marco constitucional un modelo
sincero de reconocimiento y lealtades mutuas dentro de una nación con diversos
sentimientos de pertenencia.
Tercer objetivo. La adopción de las medidas
necesarias para asegurar que nunca más las dificultades para la investidura de
un nuevo Presidente del Gobierno deban resolverse mediante la repetición de
elecciones. Para ello, el PSOE propondrá en el Congreso de forma inmediata una
reforma del artículo 99 de la Constitución que, manteniendo el papel del Jefe
del Estado y el sistema de elección parlamentaria, acote temporalmente el
proceso de investidura e introduzca mecanismos para asegurar la elección por
mayoría del Presidente del Gobierno.
Todo lo anterior son compromisos adquiridos por
el PSOE en su programa electoral. No lo es bloquear la gobernabilidad de España,
o no reconocer el resultado de las elecciones. La actual distribución de
escaños en el Parlamento hace posible conseguir todos y cada uno de esos
objetivos. Dependerá de la voluntad del resto de fuerzas políticas que puedan
ser realidad.
Lo que es seguro es que la repetición de las
elecciones alejaría esa posibilidad. Margarita Robles, y con ella los que
defienden bloquear la investidura votando no
aludiendo a un inexistente compromiso del programa electoral, deberían
reflexionar sobre lo que el PSOE puede lograr para los españoles en esta
Legislatura. De momento, parece que no lo están haciendo.
Más bien parece que algunos estén planteando
el no como una estrategia que no piensa
en los españoles y sí, y mucho, en el futuro político de quienes están
promoviendo la quiebra de la unidad de acción del Grupo Parlamentario, desobedeciendo
el mandato expreso, decido por mayoría, del Comité Federal. Un órgano que
conviene recordar que es elegido democráticamente, representa a toda la militancia
socialista y es el máximo órgano del Gobierno del PSOE.