El caso de esta trabajadora recuerda al que afecta al también ex agente de SantaLucía Seguros Nico Ferrando, que denunció hace tres años haber sufrido acoso laboral por su condición de gay, y que relató con todo detalle en su libro Homofobia Seguros, un mundo sin protección. Su caso tuvo una gran repercusión mediática, motivo por el que el gigante de los seguros ha interpuesto una querella contra el autor de este blog, para el ya ha sido decretado la próxima apertura de juicio oral.
SantaLucía Seguros otra vez de actualidad por un
–grave- caso de presunto acoso laboral en el seno de sus empresas interpuestas,
a las que denomina “agentes exclusivos”. Los agentes exclusivos son empresas
que prestan servicio de captación de clientes solo para el gigante de los
seguros, pero que al actuar como intermediarios, evitan una relación laboral
directa entre la compañía y sus trabajadores en el área comercial. Son las
varias las sentencias que han señalado y penado la existencia de los conocidos
como “falsos
autónomos”, lo que, entre otras cosas, supone un déficit enorme de ingresos
para la Seguridad Social, con el consiguiente daño a toda la ciudadanía por
parte de una empresa tan importante y reconocida como SantaLucía. Cabe destacar
que Accepta Servicios Integrales es una de las empresas que, según la
denuncia del colectivo "afectados SantaLucía" en la plataforma Change.org,
utiliza la aseguradora para "defraudar a la Seguridad Social, obligando a
un buen número de trabajadores a ejercer como falsos autónomos en vez de
contratarles directamente". La compañía niega las acusaciones y afirma que
"cumple con la legalidad vigente".
Pantallazo de la web corporativa de Accepta Servicios Integrales en la que indica que pertenece al Grupo SantaLucía |
En el seno de una
de estas empresas, Accepta Servicios Integrales y según la
denuncia que ayer hizo pública el periodista Lorenzo Ramírez en OK Diario,
la directora del contact
center que se encarga de la
atención al cliente del Grupo SantaLucía, Ana Isabel Queipo González, fue
denunciada junto con una coordinadora de la misma compañía, Azucena Tapia, por
una trabajadora que les acusó de acoso laboral. Según relata Ramírez, se da la
circunstancia de que Queipo es la esposa del director general de SantaLucía
Seguros, Andrés Romero Peña.
En la denuncia la
trabajadora relató que inició su relación laboral con la empresa en octubre de
2008 "con la categoría de teleoperadora para prestar sus servicios para
SantaLucía Seguros", cargo que desempeñó durante cinco años, hasta que los
servicios sanitarios le dieron la baja médica por un "síndrome
ansioso-depresivo" que requirió de "tratamiento psiquiátrico"
con "atención psicológica quincenal".
La afectada afirmó
que la coordinadora de área encargada de fiscalizar su trabajo "realizaba
continuamente humillaciones hacia su persona, con faltas de respeto, trato
denigratorio e insultos como PUTITA y ZORRITA", y que puso en conocimiento
de estos gravísimos hechos a la directora general de Accepta Servicios
Integrales, Ana Isabel Queipo.
La denuncia de la
trabajadora, según la información ofrecida por OK Diario, dice textualmente que
"cuando en una reunión le mostré a Doña Ana Isabel Queipo una carta
explicándole todo lo que me venía sucediendo (...) le facilité una copia, la
cual rompió delante de mí. Se limitó a decirme 'esto nunca ha sucedido'. Le
insistí en que era cierto y me dijo que no, que
lo que nunca había sucedido era la conversación que estábamos teniendo en ese
mismo momento. Me dijo que hablaría con ella y me recomendó no molestar más
con este asunto, dando por zanjado el tema". Añade que "le pedí que
por lo menos me firmara mi copia de la carta para poder demostrar que la había
informado de todos mis problemas y situaciones que me había tocado vivir, pero
se negó rotundamente, invitándome a salir del despacho y a raíz de ese día las
humillaciones no sólo se intensificaron, sino que observé un verdadero deseo de
hacerme vivir una atmósfera irrespirable para que me marchara de la
empresa".
En su denuncia, la
afectada afirmó que le obligaron a trabajar de pie, de cara a la pared, e
incluso le instaron a buscar entre la basura de un contenedor higiénico, lleno
de compresas y tampones usados, una tarjeta de acceso que se había caído tras
un accidente fortuito. "Cada vez que pedía explicaciones o me quejaba a la
directora de Recursos Humanos, Petra Peña, siempre obtenía la misma respuesta:
si no te gusta ahí tienes la puerta", explicó la teleoperadora en la
denuncia, "Es claro y evidente que la empresa no solo me quería fuera,
sino también someterme a un acoso moral [mobbing] mediante los hechos
expuestos con su reiteración y posterior recrudecimiento con el fin de humillarme
y convertirme”.
Por todo ello, la
denunciante solicitó ser indemnizada por los daños y perjuicios morales
"ante la infracción de los derechos básicos del trabajador, a la dignidad
de la persona, a su integridad física y moral y al trato no degradante. Dado
que la conducta esgrimida es culpable de intencionada por su reiteración y
premeditación por parte de la empresa y las personas físicas demandadas
habiendo la empresa permitido y consentido su comportamiento para
conmigo".
Según la
documentación que OKDIARIO asegura tener en su poder, tras estas acusaciones se
produjo un acto de conciliación en el que los representantes legales de la
empresa rechazaron aceptar las pretensiones de la trabajadora afectada. Un
portavoz oficial de SantaLucía consultado por el digital que dirige Eduardo
Inda indica que "en la actualidad, este procedimiento está terminado y
archivado judicialmente en mayo de 2017 ya que la demandante reconoció que no
existió acoso, ni vulneración de derechos fundamentales y en consecuencia,
desistió de la demanda cómo se estableció judicialmente. Por lo tanto, no ha
existido tal caso de acoso".
Sin embargo, otras
fuentes aseguran que, en realidad, la demanda se solventó con un sustancioso
acuerdo económico que contemplaba la salida de la empresa de la denunciante a
cambio de todas sus pretensiones económicas, que las mismas fuentes sitúan por
encima de los 100.000 euros. El acuerdo habría incluido también una cláusula de
confidencialidad por la que la trabajadora renunciaría a seguir insistiendo en
el caso de acoso sufrido, evitando así daños a la imagen de la compañía de
seguros. Que hubo acuerdo extrajudicial ha sido confirmado por fuentes internas
de la compañía “no oficiales”.
Lo que llama la
atención, es que, conocida la tendencia de la compañía aseguradora a llevar a
los tribunales las informaciones que afectan a su imagen corporativa, si la
trabajadora hubiese admitido realmente que no hubo acoso, estaríamos ante un
caso de denuncia falsa, sin que SantaLucía Seguros ni Accepta Servicios
Integrales hayan adoptado medidas judiciales por ello.
El caso de esta
trabajadora recuerda al que afecta al también ex agente de SantaLucía Seguros
Nico Ferrando, que denunció hace tres años haber sufrido acoso laboral por su
condición de gay, y que relató con todo detalle en su libro Homofobia Seguros, un mundo sin protección. Su caso tuvo una gran repercusión mediática, motivo por el
que el gigante de los seguros ha interpuesto una querella contra el autor de
este blog, para la que ya ha sido decretado la próxima apertura de juicio
oral.