Editorial publicado en El Obrero
¿Hasta
dónde está dispuesto a llegar el Govern presidido por Carles Puigdemont? El
Molt Honorable President de la Generalitat se ha declarado reiteradamente, la
última vez este mismo lunes, como insumiso a la legislación vigente, y afirmado
que no reconocerá decisiones del Tribunal Constitucional que exijan, como es su
cometido, que el marco legal de todos los territorios del Estado Español cumpla con lo dispuesto en la Carta Magna. Puigdemont
ha llegado a asegurar que, en el caso de que fuera inhabilitado, ignoraría la
sentencia y acudiría al día siguiente a su despacho oficial para seguir dirigiendo
el Govern.
Lo
cierto es que el calendario avanza inexorable hacia el 1 de octubre, fecha
prevista para un referéndum a todas luces ilegal, que los socios del ejecutivo
catalán, como también este lunes ha recordado Oriol Junqueras, describen como “vinculante”
y la puerta a la proclamación de la República Catalana. A este respecto es importante
recordar que la consulta del 9N acabó provocando la convocatoria de nuevas
elecciones, a la que se quiso vestir de carácter constituyente, pero que se saldó,
si esa era la intención, con un sonoro fracaso, pues los partidos
independentistas, a pesar de lograr la mayoría de escaños en el Parlament, no lograron
que los votos avalaran realmente sus postulados.
En
este contexto, insistir en dividir a la sociedad solo puede responder a la
irresponsabilidad. La propia Constitución Española establece mecanismos para,
incluso, darle la vuelta en su totalidad a cada uno de sus artículos. Es cierto
que no parece fácil, en su articulado, conseguirlo. Pero ello es así porque
exige mayorías lo suficientemente cualificadas para que los cambios introducidos
respondan con claridad a un deseo común de la ciudadanía.
Avanzar
hacia el Estado Federal, como ha venido defendiendo el Partido Socialista a lo
largo de su historia, reconociendo a través de las singularidades históricas y culturales un
marco de gestión y legislativo a los territorios que conforman el Estado
Español, comienza a ser una necesidad. Pero el contexto de enfrentamiento, en
el que tan cómodos parecen sentirse tanto el Gobierno del Partido Popular como
el presidido por Puigdemont, solo abunda en la división de la ciudadanía. Por
más que así se pretenda transmitir, no se ha logrado, al menos aún, siquiera en
Cataluña, trasladar al imaginario común un marco que supere la unidad del
Estado Español que defiende la Constitución, basado en los necesarios principios
de Igualdad jurídica para todos los españoles en cada uno de sus territorios y
la solidaridad interterritorial a través de un sistema fiscal que la garantice.
Avocar
a la ciudadanía catalana a un pròcess
que nace fallido por definición, alimentará la frustración de quienes piden, sin
poner en duda la legitimidad de hacerlo, más pasos en el reconocimiento de una
identidad que no tiene por qué estar reñida con la idea un Estado Español
diverso y solidario. También el temor de quienes ven que el forzado choque de trenes
crea un falso retrato de un Estado roto o que no reconoce derechos elementales.
La
huída hacia delante de Puigdemont y sus socios lleva camino de acabar, de
nuevo, en sentencias judiciales. No es el camino.