Publicado en IrisPress Magazine
Andamos los socialistas enredados en un debate, en mi opinión, sumamente
estéril cuando se viste de discrepancia y solo induce a la confusión de la
ciudadanía y, con ella de nuestros votantes. Me refiero, cómo no, a la denominada
plurinacionalidad.
Ante la duda, lo que procede es remitirse a los propios documentos y resoluciones
aprobadas por el 39 Congreso Federal, y salir de dudas.
¿Qué dicen dichos documentos? No hay más que ir al que lleva por
título Resoluciones
del 39 Congreso Federal, y en su primer apartado, titulado Comisión 1. Marco estratégico, Ponencia
Política y Social, página 41, podemos leer:
Proponemos una reforma constitucional federal, que mantenga la unidad
del Estado, perfeccionando el carácter plurinacional
del mismo, y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, de acuerdo
con los arts. 1 y 2 de la CE.
Fin de la cita. La palabra plurinacional
no vuelve a aparecer en todo el texto. Para saber qué implica la
inclusión de la misma en el documento, tenemos necesariamente que remitirnos a
otro, mucho más detallado y de solo 11 paginas, al que también podemos acceder
en la página web del PSOE, titulado Propuesta
socialista de reforma constitucional: Por un nuevo pacto de Convivencia,
y en el que a partir de su página 7 podemos leer qué propone realmente el PSOE
al respecto del encaje territorial del Estado en la Constitución Española.
Dice:
Así, de acuerdo con ese compromiso, los socialistas proponemos:
• Incluir en la Constitución a las Comunidades Autónomas por su
nombre. Incorporar la referencia a la autonomía de las Ciudades de Ceuta y
Melilla.
• Mejorar el régimen de cooficialidad de las lenguas de España con el
objetivo de establecer su reconocimiento como lenguas del Estado y la garantía
de la libertad de uso, sin discriminación, de cualquiera de las lenguas
oficiales en los territorios de las respectivas Comunidades.
• Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara
territorial. Redefinir sus funciones para vincularlas a las que derivan de la
dimensión territorial (legislación básica del Estado, leyes con incidencia
territorial, leyes de financiación, asuntos de la UE que afecten a las
comunidades). Revisar su estructura y composición optando entre un modelo
intergubernamental o un modelo representativo de las Comunidades.
• Incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las Comunidades
Autónomas. Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre
administraciones. Precisar la responsabilidad respectiva del Estado y de las
CCAA en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
Tratados de la UE.
• Racionalizar, clarificar y completar el sistema de distribución competencial,
incluyendo la delimitación, al máximo posible, de los ámbitos respectivos en
las competencias compartidas y enunciando de manera precisa los títulos
competenciales de carácter horizontal del Estado.
• Reconocer las singularidades de distintas nacionalidades y regiones
y sus consecuencias concretas: lengua propia; cultura; foralidad; derechos
históricos; insularidad; ultraperificidad; organización territorial o
peculiaridades históricas de derecho civil.
• Atribuir al Estado la garantía de la igualdad de todos los españoles
en sus condiciones básicas de vida, en el disfrute de los servicios básicos
esenciales, en el ejercicio de los derechos y libertades y en el cumplimiento de
los deberes, así como la igualdad en el territorio en el que se resida.
• Establecer los elementos fundamentales del sistema de financiación
de las Comunidades Autónomas conforme a los principios de certeza, estabilidad,
y equilibrio en el reparto de los recursos públicos y los de autonomía
financiera, suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad y
equidad interterritorial, definiendo la forma de operar de los mecanismos de
nivelación financiera con el objetivo de dar la máxima transparencia a la
garantía del principio de solidaridad a través del reconocimiento de niveles
similares de servicios públicos; el alcance del concepto de esfuerzo fiscal
similar en todos los territorios entendido como la existencia de una referencia
normativa de tipos impositivos efectivos iguales; la atención a la precisión
del Tribunal Constitucional de que la contribución interterritorial no coloque
en peor condición relativa a quien contribuye, impulsando asimismo la
convergencia de renta y riqueza entre las Comunidades que permita garantizar el
principio de igualdad; y el reconocimiento de los imprescindibles instrumentos
de cohesión, equilibrio y convergencia territorial.
• Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida y
sostenida sobre los principios de competencias propias, subsidiariedad y
suficiencia financiera, el impulso a la cooperación intermunicipal y la
protección de la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios
esenciales en los municipios rurales.
• Mantener la unidad del poder judicial y la preeminencia del Tribunal
Supremo, orientado principalmente, mediante el recurso de casación, a la
unificación de doctrina. Atribuir a los Tribunales Superiores de Justicia de
las Comunidades la culminación ordinaria de la resolución de los recursos
judiciales. Garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial
y posibilitar la desconcentración en las Salas de Gobierno de los TSJ de
determinadas decisiones administrativas.
Sí. Han leído bien, la propuesta de reforma constitucional de los
socialistas, es decir, la que afectaría a la ciudadanía en cualquiera de sus territorios y transciende el
encendido y no poco impostado debate interno, no incluye ni desarrolla el concepto de “plurinacionalidad”. Por no incluir, tampoco
incluye la expresión nación de naciones.
Ni se sale por arriba, por abajo, izquierda o derecha, de la conocida como Declaración
de Granada subscrita el 6 de julio de 2013 por todas y cada una de las federaciones
que conforman el PSOE.
Tampoco, pues, de las resoluciones aprobadas por el 13
Congreso del PSOE de Andalucía, al que por no incluir la palabra plurinacionalidad en sus textos, se ha regado de reproches y
advertencias por parte de los muchos portavoces autorizados del nuevo PSOE (menos
Óscar Puente), alimentando a los medios de comunicación de extravagantes titulares sobre división
y disciplina, que más parecen buscar la satisfacción -y tal vez próxima complicidad- de dirigentes de otros partidos, pero es muy posible que alejen a nuestros votantes.
El debate, como decía al principio, resulta sumamente estéril y
confuso en ausencia de una discrepancia que, ustedes mismos pueden comprobarlo,
ni existe ni ha existido nunca sobre el papel. El PSOE sigue estando donde estaba, y ello debe
ser motivo de tranquilidad para todos los españoles, en Andalucía, Cataluña o
cualquiera de sus nacionalidades y regiones.
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Nota.- Como añadido a tener en cuenta, la propia Declaración de Barcelona, también conocida como 'Acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC por el catalanismo y la España federal', textualmente dice:
En dicho texto, ni siquiera aparece el término "nación", refiriéndose siempre a "nacionalidades".
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Nota.- Como añadido a tener en cuenta, la propia Declaración de Barcelona, también conocida como 'Acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC por el catalanismo y la España federal', textualmente dice:
"El PSOE ofrece a la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española
los acuerdos de Granada y, más concretamente, el documento “Hacia una estructura federal del Estado” como una propuesta para seguir avanzando
juntos".